Hacienda continúa con audiencias sobre el proyecto de redistribución pesquera

Las intervenciones se centraron en los efectos que tendría la iniciativa sobre el empleo y su impacto fiscal. Este martes está programada la participación de nuevos representantes tanto del sector artesanal como del industrial.

Uno de los temas más debatidos en la Comisión de Hacienda fue la forma en que se licitará la pesquería del jurel, en el contexto del análisis del proyecto que plantea un nuevo esquema de reparto entre la pesca artesanal e industrial.

Esta propuesta, que se encuentra en su segundo trámite legislativo tras haber sido revisada por la Comisión de Pesca, Recursos Marítimos y Acuicultura, propone modificar la asignación en 18 pesquerías, reduciendo las cuotas industriales y aumentando las artesanales. Entre los recursos incluidos se encuentran la anchoveta, sardina común, merluza común y jibia.

Durante la sesión del lunes 7 de abril, los senadores de la Comisión de Hacienda escucharon las presentaciones de los ministros de Economía, Nicolás Grau, y de Hacienda, Mario Marcel, junto al presidente de Sonapesca, Felipe Sandoval, y el ex subsecretario Andrés Couve.

En la jornada vespertina intervinieron el representante de la Federación de Pescadores Artesanales de Lebu, Lexter Chávez; el gerente de PacificBlu, Marcel Moenne; la dirigente sindical Luisa Zapata; Paola Sanhueza, líder gremial de mujeres de plantas procesadoras del Biobío; el académico Dante Queirolo (PUCV); y Carlos Merino, presidente de los Industriales Pesqueros del Norte.

El senador Felipe Kast, presidente de la Comisión, señaló que la intención es someter el proyecto a votación esta semana, continuando las audiencias con quienes aún esperan ser escuchados. Recordó además que el Senado ya introdujo modificaciones al texto aprobado por la Cámara, por lo que se espera un tercer trámite.

El ministro Mario Marcel explicó que “el proyecto afectaría negativamente la recaudación fiscal al reducir la participación industrial, aunque esto se compensa con la licitación del 15% de la cuota del jurel por dos años”. Señaló que el jurel representa el 80% de los ingresos fiscales del sector. De no realizarse estas subastas, se perderían unos 26 mil millones de pesos. Con el nuevo esquema, se estima una recaudación creciente que alcanzaría los 64 mil millones al cuarto año.

Los senadores Kast y García solicitaron detalles sobre el diseño de estas licitaciones, considerando los cuestionamientos constitucionales planteados, relacionados con la entrega de cuotas ya adjudicadas hasta 2032 y con el aumento de la cuota global del jurel.

Por su parte, el ministro Grau aclaró que “las licitaciones no van contra la industria, ya que pueden ser ganadas por las mismas empresas. El cambio está en los actores, no en el sector. Se trata del 15% adicional de la cuota, que constituye un permiso de pesca, no un derecho permanente”.

Desde Sonapesca, Felipe Sandoval advirtió que la norma podría generar desempleo y criticó el enfoque del proyecto. Solicitó condiciones estables para la inversión, como la mantención de la cuota de jurel de 2022, y sugirió buscar alternativas a la licitación como mecanismo de financiamiento del fraccionamiento.

El exsubsecretario Andrés Couve señaló que las licitaciones no consideran adecuadamente las externalidades negativas. Aseguró que en el sector, la inversión no se transfiere a nuevos adjudicatarios, lo que aumenta la concentración del mercado. Según estudios realizados, ni los trabajadores industriales ni los pescadores artesanales apoyan este mecanismo.

Lexter Chávez, de la federación de pescadores de Lebu, subrayó la importancia de la reineta, recurso sobreexplotado que genera 27 mil empleos artesanales en cinco regiones, frente a los 200 en el sector industrial. Propuso un reparto 97/3 a favor del sector artesanal, tal como lo aprobó el Senado.

El gerente de PacificBlu, Marcel Moenne, centrado en la merluza común, manifestó su preocupación por premiar con más cuotas a quienes no cumplen la ley, señalando que su empresa opera con solo dos embarcaciones y ya está al límite de su cuota, por lo que aceptan la disminución del 57 al 43%.

Luisa Zapata, dirigente sindical, advirtió sobre los despidos que acarrearía el cambio en el fraccionamiento, indicando que la pesca artesanal no puede garantizar el suministro constante que necesitan, lo que afectaría a las finanzas del Estado. Recordó que PacificBlu es la única empresa que procesa merluza.

Paola Sanhueza, representante de trabajadoras de plantas del Biobío, destacó que el 59% del sector lo componen mujeres jefas de hogar. Afirmó que este proyecto explicaría los efectos negativos que dejó la ley de la jibia. “No defendemos a la industria, sino nuestro derecho a un empleo digno”, advirtió.

El académico Dante Queirolo explicó que la estrategia de limitar las variaciones interanuales en las cuotas podría poner en riesgo la sostenibilidad de los recursos, especialmente si se fija por ley el procedimiento de cálculo.

Finalmente, Carlos Merino, de los industriales del norte, valoró el fraccionamiento 50/50 para la anchoveta, siempre que se asegure la sostenibilidad. Señaló que en los últimos cinco años las cuotas no se han cumplido, y advirtió sobre el riesgo de perder un 10% anual si no se revisa esta cláusula

Fuente: Senado.cl