Avanza proyecto de fraccionamiento pesquero en medio de tensiones políticas y legales

El debate legislativo sobre el nuevo sistema de fraccionamiento pesquero continúa avanzando en el Congreso con apoyo transversal. Mientras algunos sectores destacan que la iniciativa promueve mayor equidad en beneficio de la pesca artesanal, otros advierten posibles conflictos constitucionales y un escenario incierto para la industria.

Los diputados María Candelaria Acevedo y Matías Ramírez Pascal, integrantes de la Comisión de Pesca de la Cámara, valoraron el amplio respaldo alcanzado por el proyecto en su tercer trámite, aunque también emplazaron al sector industrial a cesar las presiones ejercidas durante la tramitación.

“Con esta votación comienza el camino para superar el legado de corrupción que dejó la Ley Longueira, aunque aún quedan etapas clave por enfrentar”, expresó el diputado Ramírez, aludiendo al avance del proyecto.

Por su parte, la diputada Acevedo subrayó que el debate actual ha puesto en evidencia la desigualdad heredada de la cuestionada normativa anterior, y ha revelado intereses que buscan mantener los privilegios de largo plazo en detrimento de los trabajadores artesanales.

En cuanto al reparto de cuotas, Acevedo solicitó al Ejecutivo restaurar en la comisión mixta el esquema 70-30 a favor de la pesca artesanal. No obstante, pidió una excepción para el Biobío, proponiendo un reparto 50-50 con el fin de proteger los empleos en la única planta procesadora de merluza común en la región, donde además existe una significativa participación femenina.

La parlamentaria también defendió el mecanismo de subastas como una vía para fortalecer la plataforma social del sector artesanal, permitiendo financiar las pensiones de sus trabajadores. “Casos como el de los pescadores del Bruma, actualmente sin cobertura, demuestran la urgencia de restablecer esta herramienta”, afirmó.

Finalmente, Acevedo reiteró su llamado al sector industrial a abandonar los discursos alarmistas sobre cierres y despidos, argumentando que no corresponden con las proyecciones reales del sector.

En tanto, el diputado Cristián Araya, jefe de bancada del Partido Republicano, presentó una reserva de constitucionalidad respecto a las modificaciones del Senado al proyecto, advirtiendo que, a pesar de representar mejoras al texto original, persiste una vulneración de principios constitucionales.

Según explicó Araya, los titulares de licencias industriales transatlánticas habían renunciado a sus antiguos permisos como parte de un proceso regulado por la Ley 20.657, lo que les otorga nuevos derechos patrimoniales. Cambiar ahora esas condiciones implicaría un quiebre en los marcos legales, generando inseguridad jurídica y debilitando la institucionalidad.

El legislador también alertó sobre las consecuencias de esta forma de legislar, advirtiendo que podría sentar un precedente que facilite futuros ataques a otros derechos adquiridos, como los relacionados con el agua o la minería.

Fuente: Diario Concepción