Pesca industrial del Biobío advierte crisis por nueva patente especial al jurel

El reciente respaldo de la comisión mixta de Pesca a la propuesta del Gobierno de establecer una patente especial de 1,3 UTM por tonelada de jurel proveniente de cuotas internacionales ha encendido las alarmas en el sector industrial pesquero del Biobío. Según el gremio de Pescadores Industriales del Biobío, la medida podría elevar los costos operacionales en un 30% y profundizar la crisis de competitividad y empleo en comunas como Talcahuano y Coronel, consideradas capitales mundiales del procesamiento de jurel.

La presidenta del gremio, Macarena Cepeda Godoy, expresó su preocupación afirmando que la nueva carga tributaria se suma a una ya elevada presión impositiva que enfrenta el rubro. “Somos el único sector productivo que trabaja sobre recursos renovables afectó a un Royalty. Ahora, se nos impone un nuevo tributo que golpea directamente a nuestra región”, declaró.

El nuevo gravamen se aplicará a las compras internacionales de jurel que Chile realiza al interior de la Organización Regional de Pesca del Pacífico Sur (ORP-Sur), cuyo valor aproximado alcanza los US$95 por tonelada, mientras que el valor internacional de transferencia ronda los US$300. Esto representa, según el gremio, una desventaja competitiva significativa frente a otros países.

Empresas como FoodCorp en Coronel y Landes en Talcahuano, que dependen en un 40% a 50% de jurel adquirido internacionalmente, se verán especialmente afectadas. “Este cambio compromete la viabilidad económica de muchas plantas y pone en riesgo cientos de empleos directos e indirectos”, advirtió Cepeda.

Además, la dirigenta criticó que, paralelamente a este nuevo impuesto, la Ley de Fraccionamiento aprobada recientemente traspasó un 20% de la cuota industrial al sector artesanal, lo que representa más de 200 mil toneladas y US$79 millones en ingresos. Sin embargo, el gremio sostiene que gran parte de esa pesca será destinada a harina de pescado, en lugar de productos para consumo humano como conservas o congelados.

“Mientras el Gobierno dice querer agregar valor a la industria y promover el desarrollo regional, esta medida impone mayores costos a quienes sí procesan para consumo humano, y fortalece actividades de menor valor agregado”, cuestionó la presidenta del gremio.

Los industriales también señalaron que, en comparación con otros países pesqueros como Nueva Zelanda, Perú o Islandia, Chile presenta una de las mayores cargas tributarias del mundo en materia pesquera, lo que va en dirección contraria a las políticas de fomento productivo observadas en otros mercados.

Desde el gremio advierten que las consecuencias no serán menores: ajustes operacionales, reducción de mano de obra, y pérdida de competitividad internacional son algunos de los efectos inmediatos que podrían desencadenarse si no se reconsidera la medida.

Fuente: Aqua